Este es el momento para la paz, el diálogo y el consenso entre los tres poderes que ejercen la soberanía nacional.

La iniciativa de unir esfuerzos entre el poder judicial y los poderes legislativo y ejecutivo para apoyar a Acapulco con los recursos de los fideicomisos abre una coyuntura para ir mucho más allá que el apoyo al puerto en tragedia.

Nuestra nueva utopía hoy es más posible que los sueños de los 60s y 70s. Pero es indispensable que logremos alinear a los tres poderes del país en la construcción de esa nación que queremos. El Ejecutivo y el Legislativo ya están en el camino, falta sumar al Poder Judicial.

El poder judicial actualmente se encuentra ocupado por cientos de abogados que se formaron bajo la lógica de la aplicación del “derecho per se” es decir “por sí mismo”, como si existiera al margen de las fuerzas sociales. La gran mayoría de los jueces y operadores del poder judicial no son corruptos, pero interpretan la ley desde una óptica que separa el derecho de la realidad. Han sido formados bajo la idea de que el derecho verdaderamente existe como una disciplina que tiene su propia vida y autonomía de la realidad concreta. Pero también los operadores del poder judicial Federal y local han sido educados con una disciplina muy fuerte de la jerarquía legal y de la jerarquía judicial, por eso se abren circunstancias muy importantes que se pueden aprovechar para consensuar con el poder judicial una nueva manera de aplicar la ley, en beneficio de las mujeres, de los pobres, incorporándose a la tendencia histórica de la transformación que necesita este país para convertirse en un país verdaderamente moderno.

Como abogado que he confrontado durante 50 años la interpretación de la ley a favor de los intereses privados, he encontrado en este mundo a jueces, magistrados y ministros capaces de asumir una interpretación diferente a la tendencia general de proteger al capital en su quehacer cotidiano de la aplicación de la ley.

El poder judicial en sus más altos niveles debe haber sentido la impotencia de ejercer su poder a la manera como lo hacían en el régimen pasado, ahora cada fallo legaloide les es criticado y confrontado desde los poderes Legislativo y ejecutivo, pero además desde la dura voz del pueblo, y esa confrontación diaria y permanente, los agota también a ellos. Y el último reducto que deben defender es el principio de credibilidad cómo buenos juzgadores. Porque si la pierden, no les queda nada y pronto se convierten en vergüenza social.

Por eso porque la lógica jurídica con que se interpreta la ley no es exacta ni tampoco es inamovible, al contrario, las interpretaciones dinámicas y novedosas son las que le dan oxígeno a la función.

Este es el momento en que los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo deben acercarse con toda sinceridad y honestidad y entender cuáles son los proyectos para construir un nuevo país, y sumarse a ellos. La ley es simplemente una guía para la resolución de conflictos y en México ya se han dado grandes pasos para abandonar la interpretación tradicional de la literalidad de las normas, jurídicamente los jueces pueden interpretar la ley favoreciendo los Derechos Humanos, en todo momento el interés superior del niño y con perspectiva de género, solo hay que sumarle una perspectiva de equidad social, y de protección a las víctimas. Solo así podremos reducir los terribles delitos que hoy por hoy destruyen la confianza ciudadana.

Vengo en el movimiento social y político para desplazar del poder político a la antigua clase dirigente desde 1968, en aquellos años, muchos jóvenes estábamos dispuestos a hacer el mayor sacrificio posible, para quitar a los que tenían el poder político en el país.

Algunos decidieron tomar las armas, para intentar la toma del poder, y acelerar los cambios estructurales del país. Muchos murieron en el intento. Otros decidimos dedicar nuestra actividad a organizar obreros en sindicatos independientes y defender los derechos humanos de los mexicanos, enfrentando en espacios legales el poder hegemónico y omnipresente de la élite política, que mandaba en el país con mano dura y capaz de asesinar a quien se atravesara en su camino. Lo cual hicieron con orgullo y desprecio por los adversarios a su régimen. Lo hicimos y sobrevivimos hasta este nuevo siglo.

Pasaron 50 años, para que finalmente aquel esfuerzo cotidiano, aquel juntar grano por grano, pudo concretarse con el triunfo del gran movimiento histórico en su primer momento.

Pero a diferencia de una revolución violenta, el triunfo por la vía electoral y pacífica apenas empieza con la toma del poder por el ejecutivo. Y para transformar al país se necesita conquistar el legislativo y el judicial.

Vivimos en una República donde la Soberanía se ejerce por tres poderes. Y para cambiar necesitamos que haya consenso y un acuerdo histórico de los tres poderes para construir un nuevo país donde las prioridades públicas sean reducir la desigualdad, la equidad de género, la fortaleza del estado como el responsable de ejecutar el cambio.

Parece indiscutible que tendremos 6 años más en el proceso de transformación del país, y tal vez este proceso continúe por más tiempo sin entrar en parálisis o consolidación de nuevos intereses que limiten el desarrollo del proyecto transformador del país, hasta modificar la estructura económica, política y social. Hasta construir un país donde los ricos no sean tan ricos y los pobres no sean tan pobres.

Gustavo De la Rosa

https://www.sinembargo.mx/author/delarosa/

Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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